La Oficina de Normalización Previsional – ONP, ha establecido un importante precedente en materia de jurisprudencia legal debido a que el día de hoy a las 10:00 a.m., el Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior de Justicia de Huaura dio inicio al juicio oral N° 01494-2008 contra EFEMIO FAUSTO BAO ROMERO, JAVIER ENRIQUE PALOMARES ROMERO, EDGAR EDWIN ROJAS FLORES, HUBETH CRUZ SAAVEDRA, FRANK EUGENIO BAO CRUZ, LUIS HERNÁN ÁNGELES VÁSQUEZ, MIRKO BRANDON VÁSQUEZ TORRES, LUIS ALBERTO SÁNCHEZ CURAY, ELSA ZAPATA PRADO DE SÁNCHEZ, YOVANY JANET SÁNCHEZ ZAPATA, MARIBEL DELIA BAUTISTA CARRASCO, y GRICELDA ALINA DORREGARAY LEIVA por el delito de Lavado de Activos en agravio de la ONP y del Estado.
Este es el primer Juicio Oral, a nivel nacional, que se inicia por el delito de Lavado de Activos donde el delito precedente resulta ser un delito ordinario (la estafa es considerada un delito común en materia penal) cometido por tramitadores de pensiones de jubilación.
El Estado se encuentra representado por la ONP y la Procuraduría Pública de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, quienes ejercerán la defensa del Estado, solicitando la más drástica sanción a estos acusados.
Cabe recordar que el tramitador EFEMIO FAUSTO BAO ROMERO, purga condena en el penal de Huaura porque fue sentenciado en el 2008, junto con toda su organización delictiva, por diversos delitos e infracciones, al reconocer la falsificación masiva de certificados de trabajo, liquidaciones de beneficios sociales, planillas de sueldos y salarios, certificados médicos de invalidez, entre otros, con los que sorprendían a la ONP y obtenían pensiones ilegales, obteniendo con estas actividades ilícitas, ingentes cantidades de dinero.
La ONP reitera su lucha frontal contra todo acto de corrupción o acto delictivo que afecte al fondo del Sistema Nacional de Pensiones. Se han intensificado las acciones de lucha contra las mafias organizadas de tramitadores que sorprenden constantemente a los jubilados y pensionistas, además de atentar contra los fondos del Estado.
Se reitera a la ciudadanía en general que todo trámite ante la ONP es gratuito. No se dejen sorprender por los “tramitadores” o “asesores previsionales” que terminan falsificando documentos para pedir una pensión y que finalmente perjudican la situación jurídica de la persona de la tercera edad al exponerla irresponsablemente a un delito en agravio del Estado.
Este es el primer Juicio Oral, a nivel nacional, que se inicia por el delito de Lavado de Activos donde el delito precedente resulta ser un delito ordinario (la estafa es considerada un delito común en materia penal) cometido por tramitadores de pensiones de jubilación.
El Estado se encuentra representado por la ONP y la Procuraduría Pública de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, quienes ejercerán la defensa del Estado, solicitando la más drástica sanción a estos acusados.
Cabe recordar que el tramitador EFEMIO FAUSTO BAO ROMERO, purga condena en el penal de Huaura porque fue sentenciado en el 2008, junto con toda su organización delictiva, por diversos delitos e infracciones, al reconocer la falsificación masiva de certificados de trabajo, liquidaciones de beneficios sociales, planillas de sueldos y salarios, certificados médicos de invalidez, entre otros, con los que sorprendían a la ONP y obtenían pensiones ilegales, obteniendo con estas actividades ilícitas, ingentes cantidades de dinero.
La ONP reitera su lucha frontal contra todo acto de corrupción o acto delictivo que afecte al fondo del Sistema Nacional de Pensiones. Se han intensificado las acciones de lucha contra las mafias organizadas de tramitadores que sorprenden constantemente a los jubilados y pensionistas, además de atentar contra los fondos del Estado.
Se reitera a la ciudadanía en general que todo trámite ante la ONP es gratuito. No se dejen sorprender por los “tramitadores” o “asesores previsionales” que terminan falsificando documentos para pedir una pensión y que finalmente perjudican la situación jurídica de la persona de la tercera edad al exponerla irresponsablemente a un delito en agravio del Estado.
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